Contexto

Los procesos se ocupan de las consecuencias para la salud de décadas de transformación del amianto en Italia, prohibida en 1992. El amianto puede provocar cánceres que, por lo general, no aparecen hasta décadas después de la exposición. El sufrimiento humano es indiscutible. Desde el punto de vista jurídico, la cuestión central es si un empresario individual puede ser considerado penalmente responsable de las consecuencias para la salud de actividades industriales históricas.

Italia es el único país que intenta atribuir penalmente a personas físicas concretas las consecuencias a largo plazo para la salud de la transformación del amianto, incluso cuando los hechos relevantes se remontan a varias décadas atrás y no existía una actividad operativa. A nivel internacional, las consecuencias del amianto se abordan mayoritariamente por la vía del derecho civil o de la seguridad social, o se regulan mediante fondos de indemnización.

No. Durante mucho tiempo, el amianto se consideró una especie de fibra milagrosa por ser resistente, soportar altas temperaturas y aislar bien. Durante gran parte del siglo XX se utilizó ampliamente en todo el mundo en la construcción, la industria y los bienes de consumo. En Casale Monferrato se produjo además contaminación ambiental por la reutilización privada, fuera de la planta, de residuos de producción que contenían amianto («polverino»); esta práctica se prohibió a partir de 1974. Por tanto, la exposición tuvo múltiples fuentes.

El primer proceso (acusación en 2009, sentencia de casación en noviembre de 2014) no imputaba delitos de homicidio clásicos, sino el hecho de «causar un desastre ambiental». Las enfermedades y muertes individuales no eran objeto del proceso. Como señaló el tribunal supremo, solo se consideraron como expresión de un acontecimiento colectivo, sin examen de la causalidad individual. En noviembre de 2014, la Corte Suprema di Cassazione anuló definitivamente la condena de Stephan Schmidheiny: el delito imputado había concluido, a más tardar, con el cierre de las plantas en 1986 y, por tanto, ya había prescrito antes de la sentencia de primera instancia. Con la prescripción decayeron también todas las pretensiones civiles. En su informe final, el fiscal general ante el tribunal supremo había subrayado que, entre el derecho y la justicia, el juez debe elegir el derecho.

Tras Eternit I, la Fiscalía inició nuevos procesos por homicidio de personas concretas. Se refieren a las fábricas de Casale Monferrato, Cavagnolo, Nápoles y Rubiera y se tramitan por separado por razones procesales, aunque se basan en los mismos hechos históricos. La defensa sostiene que ello vulnera la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos (ne bis in idem).

La causalidad individual. En el ámbito penal debe probarse que la conducta de una persona determinada causó la muerte de una persona determinada. En las enfermedades relacionadas con el amianto, esto resulta especialmente difícil debido a los largos periodos de latencia, a las múltiples fuentes de exposición y a evoluciones de la enfermedad que no pueden reconstruirse médicamente. La jurisprudencia italiana consolidada exige una prueba individual concreta; las probabilidades estadísticas no bastan.

En los procesos Eternit bis, el tribunal supremo ha anulado en varias ocasiones condenas y ha devuelto las causas para un nuevo enjuiciamiento – en particular en Cavagnolo y Nápoles, donde a principios de 2025 constató que la causalidad individual no había quedado probada. En Rubiera, la propia Fiscalía archivó el proceso en 2021.

En 2016, el juez de la audiencia preliminar de Turín descartó el dolo y recalificó los hechos como homicidio imprudente. El tribunal supremo italiano confirmó esta valoración en 2018 (sentencia n.º 21732/2018): ni el conocimiento de los riesgos ni el ánimo de lucro empresarial bastan para fundamentar el dolo en sentido penal. En el derecho italiano, el homicidio imprudente está sujeto a prescripción.

La Fiscalía de Reggio Emilia archivó en enero de 2021 la investigación penal relativa a la fábrica de Eternit en Rubiera. En la resolución de archivo señaló que no era posible llegar a una condena «debido a la imposibilidad de determinar cuál de las conductas fue causalmente decisiva para la aparición y evolución de la enfermedad hasta su completo desencadenamiento». Con ello, la propia acusación confirma la dificultad central de la prueba de la causalidad individual.

Casale Monferrato: En junio de 2023, el tribunal de primera instancia de Novara condenó a Stephan Schmidheiny a 12 años de prisión por homicidio imprudente de 147 personas. En abril de 2025, el Tribunal de Apelación de Turín redujo la condena a 91 personas y la pena a 9 años y 6 meses. En febrero de 2026, la Corte Suprema di Cassazione anuló esta sentencia por motivos formales, al no haber sido notificada en alemán. Tras la notificación de la traducción en abril de 2026, la defensa interpuso un nuevo recurso el 15 de mayo de 2026. El Tribunal de Casación celebrará la vista el 10 de noviembre de 2026.

Cavagnolo: El tribunal supremo anuló la condena dos veces (mayo de 2024 y marzo de 2025), en ambas ocasiones por una fundamentación deficiente de la causalidad. Ya en 2015, el tribunal de primera instancia de Turín había absuelto a antiguos responsables locales de la planta por la misma muerte, porque no pudo demostrarse que la exposición posterior, notablemente menor, contribuyera a la enfermedad. A juicio de la defensa, el caso está prescrito desde abril de 2025. El Tribunal de Apelación de Turín celebrará la vista el 3 de diciembre de 2026.

Napoli-Bagnoli: Tras la anulación de la condena en febrero de 2025, el Tribunal de Apelación de Nápoles practicó pruebas adicionales. La próxima vista se celebrará el 8 de octubre de 2026.

A juicio de la defensa, Stephan Schmidheiny era accionista, no directivo operativo de las plantas italianas de Eternit. No ejercía ninguna función directiva, técnica ni de seguridad y no formaba parte del consejo de administración de la sociedad italiana Eternit SpA. Heredó el grupo suizo Eternit de su padre. En 1973, el grupo se convirtió en el accionista principal de Eternit SpA, sociedad cotizada en bolsa, y en el marco de sucesivas ampliaciones de capital aumentó gradualmente su participación hasta alcanzar la mayoría. En los procesos se imputa a Stephan Schmidheiny el periodo de junio de 1976 a 1986; en 1986, Eternit SpA quebró. En Italia no se introdujo un valor límite vinculante para las fibras de amianto hasta 1991, y la prohibición llegó en 1992.

Durante ese periodo, el grupo suizo Eternit, en su calidad de accionista, puso a disposición de Eternit SpA más de 80 000 millones de liras. Una parte considerable se destinó a la seguridad laboral, a la reducción de emisiones y al desarrollo de productos sin amianto. Según las constataciones que el tribunal supremo confirmó como concluyentes en 2018, se introdujeron métodos de medición de la concentración de fibras e innovaciones técnicas que redujeron efectivamente la exposición. Además, se crearon órganos de control y se prohibió la entrega de residuos de producción («polverino») a terceros. Stephan Schmidheiny está considerado uno de los primeros pioneros del abandono del amianto: sacó al grupo suizo Eternit de la transformación del amianto.

Casale Monferrato se considera una de las antiguas zonas afectadas por el amianto más ampliamente saneadas de Italia. Según la administración municipal, 217 de los 227 emplazamientos de polverino identificados han sido completamente saneados; los restantes se encuentran en fase de saneamiento o tienen su saneamiento concretamente previsto.

Desde 2008, Stephan Schmidheiny ofrece, a través de Becon AG, sociedad a la que ha encomendado esta tarea, indemnizaciones a antiguos empleados y vecinos de las fábricas de Eternit que padecen una enfermedad relacionada con el amianto. En 2009 amplió expresamente el programa a los residentes de Casale Monferrato afectados por mesotelioma que vivieron allí durante el denominado periodo suizo. Hasta la fecha, bastante más de 2000 personas han aceptado la oferta; las indemnizaciones abonadas se sitúan en la parte alta de las decenas de millones. Además, se aportan fondos para la investigación médica sobre el mesotelioma. El programa es voluntario e independiente de los procesos penales.

Desde 2008 existe un modelo similar con Eternit Siciliana en Siracusa: antiguos trabajadores y sus familias celebraron un acuerdo de derecho civil con Becon AG; el fondo social constituido a partir de él financia desde entonces indemnizaciones, atención médica e infraestructuras sociales.